El trabajo de la Asamblea Estatutaria, de adecuación a la Nueva Ley Universitaria 30220, no puede dejar de considerar la profunda crisis por la que atraviesa la Universidad Decana de América. No es posible realizar una idónea formulación del nuevo Estatuto sin tener clara la perspectiva hacia donde debe enrumbar San Marcos. En tal sentido, consideramos que la mejor contribución al esfuerzo concertado y democrático de los colegas encargados de la elaboración de la norma consiste en hacer visible un programa básico de emergencia que empiece el proceso de recuperación de la Universidad Mayor del país, que puede estar entre las últimas instituciones nacionales en acatar la Nueva Ley Universitaria, pero puede ser la primera en precisar con nitidez la orientación hacia el fortalecimiento y mejora de la 30220 para que se convierta en un instrumento que propicie un desarrollo sostenible en el Perú, a partir de un impulso decisivo hacia la producción científica, tecnológica y humanística que la Nación necesita.
1. PERFECCIONAMIENTO Y ENMIENDA DE LA LEY VIGENTE
Ningún instrumento jurídico es perfecto, pues todos pueden sobre la base de la experiencia y su aplicación ser materia de enmiendas que lo convierta en más adecuado para sus fines. La Nueva Ley Universitaria 30220 no es la excepción, porque puede pulirse y convertirse en una norma más eficiente para impulsar la mejora de la calidad académica de la universidad peruana. Sin embargo, dicha posibilidad solo es factible a partir de su continuidad, que hay que asumir frente a las tendencias retrógradas que pretenden un retorno al pasado de clientelajes, contubernios, corrupción y mediocridad.
En tal sentido, una primera medida urgente radica en impulsar la defensa práctica de la reforma universitaria en curso. Ante un escenario político nacional mayoritariamente conservador, proclive a servir a los intereses económicos y olvidar las necesidades del desarrollo sostenible, la Universidad Mayor del Perú debe retomar su posición histórica tradicional, de liderazgo, a favor de las reformas y cambios estructurales en beneficio de la población del país. Realizar foros, debates y seminarios para esclarecer las posibilidades de la nueva ley e impulsar su perfeccionamiento, así como las movilizaciones y actos de protesta en su defensa, deben ser parte de los acuerdos de las futuras nuevas autoridades de la comunidad sanmarquina.
Asimismo, proponer y sustentar la necesidad de un Consejo Nacional de la Educación Superior, autónomo e independiente, en reemplazo de la SUNEDU, que garantice un idóneo manejo de la supervisión y un tribunal ético imparcial que resuelva cualquier futura discrepancia entre los diversos agentes involucrados en la tarea educativa superior.
2. HACIA UNA RECUPERACIÓN ACADÉMICA INMEDIATA
Sostenimiento de la dinámica de desarrollo académico a partir de Concursos Públicos, Promoción y Ratificaciones Docentes, anuales y en forma extraordinaria, absolutamente meritocráticos en las tres categorías: Principal, Asociado y Auxiliar.
Aprobación inmediata del Nuevo Reglamento de Nombramiento, pendiente de ejecución desde el 2009, que valora la producción académica y científica integral (tesis asesoradas, artículos científicos en revistas de impacto, libros publicados por editoriales de prestigio, investigaciones ganadoras, ponencias nacionales e internacionales, etc.) por encima de la tendencia a otorgar un peso equivalente a los aspectos burocráticos, al restituir un criterio de méritos y modificar la equivalencia en puntos entre expediente y clase modelo.
Promoción docente por puntajes mínimos pre-establecidos para cada categoría, sujetos a previsión presupuestal del ejercicio siguiente. Exhortar a los docentes nombrados que postulen para ascender en base a sus méritos académicos y no a argollas administrativas.
La aplicación y adecuación a la nueva Ley no puede implicar la pérdida de derechos de los docentes más antiguos sujetos a procesos de ratificación que deben dar las garantías para la continuidad del ejercicio docente. En tal sentido, los actuales profesores mayores de 70 años estarían solo sujetos a procesos de ratificación y el límite de la edad mínima debe aplicarse a los que recién ingresen a la universidad. Así mismo, la universidad debería establecer una política de incentivos para los profesores mayores de 70 años.
Exigir ampliación presupuestal para la Segunda Etapa de la Homologación Docente y fundamentar dicha solicitud sobre la base del Plan de Fortalecimiento para la Calidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria de la ley 30220).
Reformar la estructura interna y funciones de los Vicerrectorados, PostGrado y CentroPre, desburocratizándolos, para que se orienten a una función académica concomitante con el esfuerzo de mejoramiento de la calidad, en lugar de servir de fuente de ingresos complementarios para camarillas de docentes anuentes.
3. REVOLUCIÓN MERITOCRÁTICA EN LA ENSEÑANZA
Institucionalización de programas académicos como oportunidades de desarrollo para la comunidad sanmarquina (movilidad docente y estudiantil, intercambio y pasantías de investigación, participación en eventos y congresos académicos, promoción de publicaciones, iniciación científica en pregrado, apoyo a bibliotecas de las Facultades, apoyo a laboratorios de enseñanza, entre otros).
Establecer un Fondo Concursable con Recursos Propios para el desarrollo de proyectos de tesis en la universidad.
Convocar a maestrías y doctorados en líneas de investigaciones prioritarias y estratégicas para el desarrollo del país en las seis áreas del conocimiento establecidas por la UNESCO.
Establecer exclusividad y prioridad de Líneas de Investigación Interdisciplinaria con la participación obligatoria de un miembro de ciencias humanas y sociales en cada proyecto.
Convocar a Maestrías de Metodologías y Técnicas de la Producción Académica y Científica simultánea en todas las áreas para los docentes sanmarquinos que no posean dicho grado.
Adecuar la estructura de las áreas formativas generales de acuerdo a las características de las escuelas profesionales.
4. REFORMA CURRICULAR Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Impulsar una Reforma Curricular para toda la universidad que renueve métodos de enseñanza y evaluación, que busque impulsar conjuntamente el desarrollo de competencias básicas (lectura y comprensión verbal, razonamiento matemático, manejo de fuentes y procesos esenciales, información sistemática y epistemológica de cada especialidad, etc.) y formativas orientadas hacia la investigación y la innovación crítica, para ligar la especialización al nivel de postgrado (maestría y doctorados) con la intención de dar las bases para un desarrollo de una formación de calidad al término del postgrado.
Iniciar, intensificar y continuar un proceso de transferencia de la caduca administración anterior hacia una gestión regida por el conocimiento, la investigación y el respeto a las competencias científicas y profesionales, que constituye la única garantía de una vida institucional democrática, orientada a servir de palanca crucial del logro de una mejor calidad de vida para nuestra población.
Establecer un conjunto de sanciones para desterrar cualquier toma de decisiones que se fundamente en viejas prácticas de repartición de cupos y de continuidad de poderes subalternos, lo que supone orientar nuestra actividad hacia un horizonte a largo plazo. Abandonar las visiones de coyuntura, los intereses corporativos miopes y los oportunismos vacuos nos permitirá crecer en capacidad e ingresos económicos, al posibilitar un uso eficiente de los recursos nacionales e internacionales que logremos asumir. Un lustro de esfuerzo riguroso remplaza décadas de sequía y vandalismos.
Establecer que los aspirantes a rector, vicerrectores y decanos posean obligatoriamente una producción científica notable y reconocida nacional e internacionalmente.
5. RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA AL SERVICIO DE LO ACADÉMICO
Para que la universidad se integre en forma activa en la sociedad de la información requiere disponer del soporte informático y digital indispensable. Por encima de la prioridad otorgada en la inversión a la infraestructura tangible y los bienes inmuebles, las nuevas autoridades elegidas deben concentrar sus presupuestos de capital para dotar a toda la universidad de un sistema integrado telemático que permita: una transformación radical de las metodologías de enseñanza con la aplicación de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en todas las especialidades, un acelerado proceso de virtualización y automatización de los procesos académicos y administrativos, e incorporar a través de las redes, plataformas, espacios virtuales, la investigación y la extensión social de la universidad a la sociedad en su conjunto.
Esta revolución tecnológica y digital permitirá ahorrar una inmensa cantidad de recursos materiales y horas-hombres, que podrán emplearse en la construcción de políticas de intercambio, cooperación e internacionalización. No se trata de eliminar a los trabajadores administrativos, sino de reorientar su capacitación y promoción, en base a resultados y eficiencia, hacia una participación más cualitativa que abra la opción de mejoras salariales, lo que propiciará la extinción natural de burocracias que, en algunas universidades del país, son más viejas y manipuladoras que toda la experiencia republicana.
Optimización de los servicios educativos y de bienestar a la comunidad de docentes estudiantes y trabajadores de la universidad.
¡Compromiso con propuestas concretas, no promesas electoreras!
¡No a las planchas electoreras!
¡No cambio o rotación de nombres!
