Ha pasado un mes de la salida de Cotillo y seguimos sin cronograma, reglamento y fecha de elecciones para representantes a la Asamblea Estatutaria. Solo vemos el frenesí de decanos en el reparto de cargos y puestos
¿Cómo fue que los que formaban parte del problema terminan siendo parte de la solución? ¿Realmente existe una verdadera voluntad de comenzar una nueva etapa en la Decana de América o seguimos en más de lo mismo? Hoy más que nunca se torna indispensable tomar el asunto con calma y precisar los principios que debemos defender para iniciar una responsable reconstrucción de nuestra universidad y rescatarla efectivamente de la peor crisis de su historia centenaria.
Como siempre cuando se produce la caída de un régimen autoritario y cuestionado los primeros que salen para aprovecharse de la situación son los oportunistas. Estuvimos prácticamente solos quienes; mientras los diferentes grupos y personajes de la supuesta oposición se acomodaban con el poder de turno, intentamos nutrir de propuestas e ideas acordes con el estado de la educación superior en el siglo XXI a los integrantes de la clase política que impulsaban una nueva norma universitaria.
A pesar que estábamos ad portas de la aprobación, después de treinta y cinco años, de una nueva ley universitaria, nuestras advertencias fueron desoídas y cuando se produjo la dación, en lugar de inmediato exigir y demandar el cumplimiento de los plazos establecidos en la norma, la mayoría de las autoridades (decanos) continuaron durante más de un año como si no pasara nada. Con la política de la avestruz asumida –meter la cabeza en un hueco para negar la realidad–, avalaron la postura de desacato para seguir usufructuando del poder. Fueron uña y carne con la gestión anterior, consintiendo y adscribiendo las distintas falacias que pretendían justificar lo absurdo de no acatar la ley: será observada la norma, el Tribunal Constitucional la anulará, atenta contra la autonomía y será observada por el Poder Judicial, grupos parlamentarios presentarán una enmienda, etc.
El tiempo pasaba inexorablemente y la situación de San Marcos se hizo intolerable. En general, se impuso con la gestión del ex- rector Cotillo y con la anuencia de las autoridades elegidas en las Facultades un ambiente de amedrentamiento y prepotencia burocrática, consecuencia de entender las funciones de cierta burocracia no en el sentido de “prevención del delito”, sino de “presunción del delito”. Es bueno recordar que los responsables e idóneos para definir las políticas internas de cada comunidad docente son los propios académicos, eso es lo que debe entenderse por autonomía, no el libertinaje de no acatar las leyes del Estado. En tal sentido, al perder esa clara percepción y criterio esencial lo administrativo terminó subordinando a lo académico, al punto que se han cometido mil y un arbitrariedades, en algunas Facultades con acciones abusivas que serán materia seguro de juicios de reparación y reposición.
Con la actividad académica democrática sometida a un terrorismo administrativo, procedieron a manejar todas las acciones propias de la vida universitaria de acuerdo con sus intereses corporativos y afanes de perpetuación. Por ello, la cola de la lagartija sigue siendo incapaz en el escenario de transición de conducir a la renovación de la universidad mediante el diseño de un nuevo Estatuto y la posterior elección de nuevas autoridades por voto universal y directo de docentes y estudiantes, pues colisiona directamente con su práctica permanente que es el ejercicio del poder como fuente de clientela electoral.
Solo los principios y valores que nos sostienen como Movimiento Docente frente al oportunismo que estamos viendo, oportunismo de quienes inclusive estuvieron en contra de una nueva ley universitaria, y que ahora aparecen como los grandes luchadores de cinco días; son los únicos que posibilitan una salida democrática y académica a la Decana de América. Nuestra posición desoída fue afirmar que frente a la situación de crisis, se debió cesar a todos y designar a los profesores a DE más antiguos.
Nuevo escenario político.
El escenario político de la universidad ha cambiado, ya no está Pedro Cotillo desafiante y arrogante en el rectorado, ahora, tenemos una nueva rectora; sin embargo, los actores siguen siendo los mismos. A nivel docente, muchos de ellos, de los que siempre han estado acostumbrados a pasar de cargo en cargo a lo largo de los últimos años, se encuentran renovando su “camuflaje” para reacomodarse con la nueva gestión. Llegaron con el atuendo del Frente Unido San Marcos y ahora ya no lo son más.
Atrás van quedando totalmente desnudadas las gestiones de la improvisación y del “clientelaje” político de Cotillo e Izquierdo y su Frente ahora desunido que llevaron a la Decana de América hacia la más profunda crisis institucional de su historia. Ciertamente la salida de Cotillo se precipitó en esos cinco días de enero por la actitud de los estudiantes de la Federación Universitaria de San Marcos y los propios errores de Cotillo que llevaron a que toda la prensa rechazara su actitud que no correspondía a la de un rector de San Marcos. En medio de la crisis, ocho decanos de “oposición” apoyados por algunos sectores gremiales vieron la oportunidad de promover como una “tabla salvadora” a la nueva rectora de San Marcos, la Dra. Antonia Castro, ex integrante del Frente Unido San Marcos, la cual fue acogida por la Sunedu.
Al final Cotillo ya no está más, y su Frente Unido fuera de la OCA, del Centro Pre y de la DGA; los que en noviembre del año pasado se encontraban muy seguros. Muchos de los que lo eligieron rector en la escandalosa asamblea universitaria de mayo de 2011 con el atuendo del Frente Unido, ahora, ya no lo son más. Ahora tenemos una nueva rectora para una gestión de transición solo hasta el 31 de mayo a fin de hacer lo que Cotillo no quiso hacer: llevar a cabo las elecciones para la Asamblea Estatutaria como establece la ley.
Sin embargo, se entiende que aún en una nueva gestión de transición, los cambios son necesarios e inevitables. Por ello, los promotores de la designación de la nueva rectora, después de las fotos e intensa exposición mediática en esos cinco días que desencadenaron la salida de Cotillo, debieron dar el paso al costado y no aparecer groseramente a los días siguientes de superada la crisis como los nuevos jefes de las oficinas más importantes de la universidad. Lo correcto hubiera sido apoyar a la nueva rectora, a su rectora, y darle la libertad para que ella designe su equipo de trabajo en esta etapa de transición.
Si lo vemos desde otro ángulo, el ángulo institucional, San Marcos tiene alrededor de tres mil profesores nombrados, quinientos con grado de magíster y quinientos con grado de doctor; es decir, tenemos dos mil quinientos profesores que deberían estar más preocupados en obtener sus grados durante los próximos 5 años, que es el plazo fijado por la ley, más que ir prestos a ocupar cargos administrativos. Ningún proyecto de nueva universidad podrá funcionar solo cambiando al rector y si es que no hay un cambio en la actitud ética de docentes, estudiantes y trabajadores de un real compromiso con la universidad. Lamentablemente en estas ocasiones solo se ve el oportunismo y el avance de los niveles más mediocres de la universidad a los que hay que poner un alto.
En muchas Facultades, con la excusa de una auditoría especial, algunas de las acciones arbitrarias y carentes de sustento académico han sido el exigir prepotentemente que se indique en el parte de asistencia tema y asunto de las clases, además de un criterio de registro de asistencia exagerado que reducen nuestra labor a la del obrero sin calificación alguna. Asimismo, esa absurda idea, emanada de los genios incompetentes de educación que no distinguen entre carreras profesionales de aplicación (como Contabilidad, Odontología, etc.) de las académicas de investigación (como Literatura, Física o Filosofía), de exigir que existan horas de práctica que termina ampliando absurdamente nuestro dictado a pesar que en cursos como teoría (literaria, lingüística, comunicativa, etc.) no se concibe dicho desdoblamiento y, como en algunos casos paradójicos, exigir a cursos talleres (de radio, locución, crítica, etc.) clases teóricas. Este tipo de acciones de control no existen en las universidades de mayor prestigio del mundo; por el contrario, solo son el producto de mentalidades burocráticas que desconocen los mecanismos de la actividad académica porque simplemente nunca produjeron algo importante.
Por otro lado, es evidente que la lamentable situación por la que atraviesa nuestra Universidad, no ha sido responsabilidad exclusiva del ex- rector sino de las autoridades que habiendo sido elegidas dentro de los procesos democráticos inherentes a la gestión universitaria (decanos, directores, coordinadores, etc.) se convirtieron en caja de resonancia y principales promotores del autoritarismo interno al avalar los manejos y las decisiones de una nefasta gestión que lo único que ha hecho es promover la mediocridad y la prepotencia. En muchas Facultades se ha traducido en un manejo que ha reducido el presupuesto asignado por el tesoro al convocar plazas dejadas por jubilación o muerte de profesores principales o asociados como auxiliares, motivados por intenciones de “clientelaje”, de oportunismo. Además de un sinnúmero de medidas antiacadémicas y de pura estirpe burocrática. Debemos recordar que San Marcos está en una grave situación precisamente por hacer oídos sordos a las prácticas democráticas, académicas y dialógicas.
Sobre la nueva ley universitaria y la Sunedu.
Sin lugar a dudas, una nueva ley universitaria era una necesidad ante la obsolescencia de la anterior. No obstante, esta ley ha resultado excesivamente reglamentista y ha levantado una serie de preocupaciones y temores en la comunidad universidad. Sin embargo, podemos decir que la nueva ley 30220 es el resultado de todo un largo proceso de discusión, no el ideal, y, en cierta forma, constituye una síntesis de formas de pensar o de ver a la universidad peruana en aproximadamente 45 proyectos de ley universitaria; los cuales que formaron parte del expediente de la nueva ley. Tanto la nueva ley aprobada como esos 45 proyectos de la universidad reflejan la pobreza de propuestas. Al final tenemos una nueva ley burocrática, algunos dicen perfectible, que tiene, por lo menos, dos méritos destacables: la desaparición de la ex- ANR, responsable principal de la crisis de la universidad peruana, y el énfasis hacia la investigación.
Uno de los temores de la nueva ley está en el cese compulsivo de los profesores mayores de 70 años. Esta ley no ha considerado que el régimen laboral de un docente universitario corresponde a uno especial diferente al de otros funcionarios de la administración pública porque está sujeto a procesos de ratificación. Se supone que a través de estos procesos, correctamente ejecutados, es posible establecer si un profesor independientemente de su edad está en condiciones de seguir ejerciendo la docencia. La edad no es el único elemento para considerar la idoneidad de un profesor universitario. En este punto consideramos que debe plantearse una modificatoria a la ley a fin de corregir la situación de los profesores mayores de 70 años, muchos de los cuales pasarían a percibir pensiones de 700 soles.
Otro temor de la nueva ley es la Sunedu cuya intervención en este su primer año de funcionamiento no fue muy feliz porque con su actitud timorata y burocrática dejó que el problema de las universidades públicas –cuyas autoridades se resistían pública y flagrantemente a cumplir con la ley– se agravara. Ahora que ya no tenemos a la ANR y el escenario de la universidad peruana ha quedado a disponibilidad de estos nuevos burócratas de la educación superior, de quienes –hasta ahora– no sabemos cuáles son sus estándares de calidad. En este punto, también proponemos otra modificación a la nueva ley universitaria con la creación de un Consejo Nacional de la Educación Superior, autónomo, que supervise la calidad de acuerdo a los estándares internacionales y la integración de la universidad peruana al proceso de desarrollo del país no solo formando profesionales sino generando innovación científica y tecnológica.
Sobre la Asamblea Estatutaria.
Por todo lo señalado debemos exigir la pronta elección de la Asamblea Estatutaria en San Marcos. Con su instalación, todo vuelve a “cero”, todo es revisable. Las elecciones de representantes a la Asamblea Estatutaria constituyen, justamente, una oportunidad para elaborar un nuevo estatuto que revise no solo la nueva organización de la universidad sino para resolver los puntos más álgidos de la ley universitaria. En medio de este panorama electoral inmediato que culminará con la elección de las nuevas autoridades, ningún proyecto de desarrollo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos puede partir de grotescas propuestas de querer ser rector. En ese sentido, estamos seguros que la comunidad sanmarquina no se dejará sorprender.
La nueva Asamblea Estatutaria debe estar constituida por un número reducido de miembros (36): 12 profesores principales, 8 asociados, 4 auxiliares y 12 estudiantes que, en representación de más de tres mil profesores y de treinta mil estudiantes, tendrán la responsabilidad de elaborar el nuevo estatuto de la universidad. Para ello, será necesaria la búsqueda de consensos más amplia entre los sectores más sanos de la universidad propiciando la discusión de propuestas con el único objetivo de hacer de San Marcos la universidad líder de la región integrada con sus ciencias y humanidades al proceso de desarrollo social y económico del país.
Sobre Acuerdo por San Marcos.
Nuestra agrupación, Letras y Números: Consenso, Ética y Responsabilidad, ha empezado a elaborar una propuesta básica de Estatuto que recoge las más importantes contribuciones de las asambleas anteriores de universidades públicas, con la intención de brindar un documento de base para facilitar el trabajo de los representantes elegidos. En tal sentido, declaramos que, si se dan las condiciones adecuadas de respeto a la ley, Letras y Números: Consenso, Ética y Responsabilidad participará como Movimiento Docente autónomo en las elecciones para la Asamblea Estatutaria como una forma de expresar nuestro rechazo a la política de contubernio, oportunismo y corporativismo que ha regido a las cúpulas burocráticas.
Lamentamos que el bloque Acuerdo por San Marcos –constituido inicialmente por cuatro movimientos– se haya alejado de lo que fue su esencia en el año 2013 cuando integró la Asamblea Universitaria con un equipo de profesores que aportaron con propuestas a la gestión. Posteriormente, en el 2014, se incorporaron otros movimientos de Facultades e independientes. Alguno de ellos, con toda una estrategia vedada de mermar Acuerdo por San Marcos y hacer paralelismo interno. Ahora vemos como este frente se encuentra inerte e infiltrado por algunos decanos que han antepuesto sus aspiraciones rectorales a la tarea de reconstrucción de San Marcos.
Asimismo, queremos dejar en claro nuestro apoyo a la gestión de la Dra. Antonia Castro en este período de transición siempre y cuando su actuación coadyugue el proceso de adecuación a la nueva ley universitaria, la realización de las elecciones de representantes a la Asamblea Estatutaria y el cumplimiento del acta tri-estamental.
Finalmente, para terminar, ahora que ha salido a luz en la opinión pública, gracias a los títulos académicos del candidato Acuña, el mecanismo fraudulento que otorga ilegalmente dichos grados es conveniente prestar atención al procedimiento utilizado: siempre los grados ilegales de maestría y doctorado de ingenieros, farmacéuticos, contadores –es decir, de carreras profesionales– se otorgan en educación, administración o letras, en lugar de en especialidades académicas propias de su área de conocimiento. Lo que hace aconsejable que se revise con el mismo afán esclarecedor y ético los doctorados de quienes ahora pretenden ser modelo de honradez y calidad académica para gobernar a la Universidad Mayor del país.
Lima, 4 de febrero de 2016.
¡Exigimos un CEUTA de acuerdo a Ley!
¡Por un cronograma y fecha de elecciones!
¡San Marcos es responsabilidad de todos!
