RESPONSABILIDAD SOCIAL E INNOVACIÓN CIENTÍFICA
“En un mundo donde el conocimiento, la ciencia y la tecnología juegan un papel de primer orden, el desarrollo y el fortalecimiento de la Educación Superior constituyen un elemento insustituible para el avance social, la generación de riqueza, el fortalecimiento de las identidades culturales, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención del cambio climático y la crisis energética, así como para la promoción de una cultura de paz” (Declaración de la Conferencia Regional de la Educación Superior-UNESCO. Cartagena de Indias 2008).
En estos tiempos, un país que no invierte en investigación científica, tecnológica y humanista, que no apoya la formación de los recursos humanos altamente calificados para afrontar la nueva revolución científico-tecnológica que está en proceso en el contexto de una economía ahora basada en el valor –económico y social– del conocimiento; que además, no muestra mayor interés por las universidades, en particular, las públicas, desarma a su población frente al futuro y la condena al subdesarrollo.
El Perú necesita con urgencia alcanzar la ciencia y la tecnología que garantice una calidad de vida sostenible para la población para lo cual requiere apostar por la universidad pública como eje del proyecto nacional. Este es el momento de invertir en la Educación Superior: recursos para sostener programas sólidos de investigación y de postgrado, presupuesto para infraestructura, para la incorporación de tecnologías avanzadas y de tecnologías de la información y la comunicación, y naturalmente sueldos dignos.
Sin embargo, la verdad lacerante de estos últimos años de bonanzas económicas muestra que la Educación Superior en el país se encuentra en una profunda crisis producto del abandono del estado; pero, lo más increíble a pesar de ello, de la crisis, resulta ser un lucrativo negocio. Así, sin considerar que la Educación Superior es un derecho humano y un bien público social, encontramos en este campo negocios de diversa índole: negocio con las pensiones de enseñanza y los créditos educativos, negocio con la irresponsable oferta de posgrados de fines semana, negocio en las reválidas de títulos, negocio en los exámenes de admisión (en la que las autoridades de las universidades se sienten orgullosas de vivir a expensas de los jóvenes que no ingresan a ellas), negocio en los centros pre-universitarios, negocios millonarios casi de toda índole, además de los lobbies políticos, etc. No es la intención en quedar en la anécdota pero hasta tenemos equipos de fútbol profesional financiados con las pensiones de los estudiantes de dos universidades privadas y no pocos rectores que ganan más de 30 mil dólares.
Cierto es que la crisis de la Educación Superior en el país no se restringe sólo a cuestiones económicas. Lo más grave y preocupante resulta que el país carece de una clara conciencia de la necesidad de la educación para el desarrollo nacional y de la importancia estratégica de la universidad pública para estructurar un sistema de enseñanza superior, que permita incentivar la investigación científica, indispensable para dar el salto tecnológico y la defensa nacional.
Las experiencias de países como China, Brasil, Corea, India e Irlanda nos muestran la prioridad de un acuerdo nacional amplio, multipartidario y de largo plazo para encaminar a una nación hacia el desarrollo sostenible. Para alcanzar dicho objetivo, estos países tuvieron que invertir primero en las universidades públicas de mayor prestigio. Se demostró que solo estas podían garantizar una investigación de alto nivel, orientada hacia las necesidades de la población, como soporte de una formación académica de calidad. A partir de esta idea clara incorporada en sus respectivos planes nacionales, luego, lograron incorporar a las instituciones privadas preservando su condición de bien público social. Así, en quince o veinte años lograron mejorar sustantivamente la calidad de vida en sus respectivos países.
En el Perú, a la fecha tenemos más de 110 universidades, entre públicas y privadas, entre aquellas universidades bajo la jurisdicción de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) o del CONAFU y otras universidades bajo el dominio del decreto legislativo 882 (que mercantilizó la Educación Superior y dejó de lado la responsabilidad social del estado). Sin embargo, ninguna de ellas figura en el ranking académico más notable de las 500 mejores universidades del mundo (Academic Ranking of World Universities 2011[1]) y ni siquiera entre las mil primeras. Solo recientemente en el último ranking SCIMAGO correspondiente al período 2005-2009[2] dos instituciones peruanas figuran entre las tres mil de mayor producción científica: la Universidad Peruana Cayetano Heredia (puesto 2,414) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (puesto 2,966) con 746 y 416 documentos científicos, respectivamente, registrados en la base de datos Scopus desarrollado por la Elsevier. Realmente, aún así, es muy poco si consideramos además de las universidades a los 50 centros e institutos de investigación que supuestamente tienen la obligación de producir conocimiento y tecnologías y no las producen.
Es evidente que la actual producción científica nacional[3] y así como de patentes de residentes[4] no nos alcanza para sustentar un sistema de innovación propio, razón por la cual no salimos, ni saldremos de un nivel de país primario exportador si es que no se realiza una gran transformación. Más aún, siendo que el 70% de la producción científica nacional corresponde a trabajos en colaboración, entonces, la masa activa de líderes de investigación en el país en la actualidad no llega a los 200 investigadores activos con contactos importantes a nivel internacional. De manera que, el primer paso será el de resolver el problema de la carencia de recursos humanos altamente capacitados a nivel de PhD, principalmente, en las nuevas ciencias y tecnologías del siglo XXI (nanociencia, nanotecnología, biotecnología, biología macromolecular, neurociencia).
En medio de todo este panorama algunos, entre políticos y empresarios notables, comienzan a hablar algo acerca de la ciencia y la tecnología, otros acerca de la innovación científica y tecnológica, lo cual es bueno por una parte; ya que, se genera un estado de conciencia de que algo está faltando. No obstante, se nota que no hay claridad en cuanto se refiere a los conceptos y propuestas. Unos piden la creación urgente de un Ministerio de Ciencia y Tecnología otros la de un Viceministerio. Cuando se trata de esclarecer el tema, los informes siempre son los mismos, los invitados igual, son los más interesados en ocupar cargos o en crear instancias burocráticas de poder.
La realidad es que el país requiere, en el lenguaje más simple y sencillo, estructurar con urgencia un sistema integral de innovación tanto científica como tecnológica y para ello la universidad peruana debería ser considerada como un instrumento básico para el desarrollo nacional. El estado debería reasumir su responsabilidad social derogando el decreto 882.
Por ello resulta necesario un nuevo marco legal que introduzca transformaciones que permitan a la universidad peruana sintonizar con los procesos de transición que se vienen dando a nivel mundial sobre todo en nuevas sociedades caracterizadas por el valor económico y social del conocimiento.
Ley del voto universal
El reciente debate en el Congreso sobre los cuatro proyectos de ley para la democratización de la elección de autoridades universitarias –a través de la votación universal ponderada– ha puesto en evidencia los intereses económicos de las universidades privadas, en particular, aquellas que se encuentran sujetas al régimen del decreto ley 882; así como, la insensibilidad de ciertos sectores políticos frente a los actos de corrupción en las universidades. No obstante, a pesar de las oposiciones y los lobbies, ya existe un dictamen aprobado en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, en la que además se institucionalizará la creación en la universidad peruana del Vicerrectorado de Investigación, el cual sería aprobado próximamente.
De aprobarse la ley de la votación universal, casi inmediatamente, se iniciaría el otro debate pendiente sobre una nueva ley universitaria, absolutamente necesaria para la transformación de la universidad peruana hacia un estándar de universidad de la excelencia. Entre tanto, otros proyectos de ley como el de la moratoria de creación de nuevas universidades y el de la creación de la carrera del investigador científico también podrían aprobarse como un gesto de nuevos cambios en la universidad peruana. A lo anterior habría que agregar la restitución del régimen de la dedicación exclusiva para el ejercicio de la docencia universitaria como la única forma de garantizar la defensa de la universidad pública y el rol que le corresponde asumir en el proyecto de desarrollo nacional.
[1] Academic Ranking World of Universities 2011, http://www.arwu.org/
[2] SIMAGO Institutions Rankings, SIR World Report 2011 :: Latin America Supplement, http://www.scimagoir.com/pdf/sir_2011_world_report_latin_america.pdf
[3] Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (RICYT). Comparativos. Indicadores Bibliométricos http://bd.ricyt.org/explorer.php/query/submit?excel=on&indicators[]=PUBSCI&syear=1990&eyear=2009&
[4] Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (RICYT). Comparativos. Indicadores de Patentes. http://bd.ricyt.org/explorer.php/query/submit?excel=on&indicators[]=PATOTO&syear=1990&eyear=2009&
